Llámale transparencia o llámale deber. El caso es que Volkswagen ha hecho pública la cifra de vehículos afectados por el escándalo de las emisiones en España. En todo el mundo son cerca de 800.000, de los cuales unos 50.000 se han vendido en territorio nacional.
Así nos lo ha hecho saber la firma alemana a través de su último comunicado oficial. Francisco Javier García Sanz, vicepresidente mundial del Grupo Volkswagen, se ha reunido con José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, para mantenerle al día con toda la información que han recabado tras las primeras investigaciones.
Tres modelos salpicados
Se han cometido una serie de irregularidades que por ahora no sabemos a qué modelos en concreto han afectado, pero se rumorea que los Volkswagen «tramposos» son el Polo, el Golf y el Passat. Si nos vamos a otras marcas del Grupo VAG la lista se amplía con los A1, A3, Octavia, Ibiza y León. De hecho, si nos fijamos en el mercado norteamericano nos topamos con la retirada del Porsche Cayenne diésel tras las acusaciones de la EPA.
Diésel… ¿y también gasolina?
En un principio se habló de que todos los motores manipulados eran diésel, pero ahora se especula con la posibilidad de que el 1.4 gasolina también esté involucrado. Sea como sea, a Volkswagen le tocará apechugar con las consecuencias, que en el caso de España van más allá de las reparaciones, ya que la mayor parte de las matriculaciones iban ligadas al Plan PIVE, que a su vez va ligado a emisiones de CO2 homologadas que han resultado ser fraudulentas.
En deuda con el PIVE
Eso hará que los alemanes se sienten a negociar con las autoridades competentes para negociar una solución. Lo más normal sería que les reclamaran la devolución del importe que el Estado descontó a los clientes vía PIVE por el tema de las emisiones, pero la amenaza de llevarse la producción a otros países puede hacer mella en unos políticos de segunda que están acostumbrados a los sobornos y otro tipo de artimañas que distan de ser justas. Eso sí, sobre el papel Volkswagen dice que «se hará cargo de todos los costes que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas, incluyendo las posibles ayudas que por los programas PIVE hayan podido recibir los usuarios en su caso». Veremos si es verdad.